#LaVerdadVerdad: Nos quedamos cortos

La incapacidad para el debate y la conciliación de opiniones opuestas caracteriza a nuestra sociedad. Esa es la razón de la ausencia de pactos que den coherencia a la acción pública a largo plazo.

La Estrategia Nacional de Desarrollo convertida en ley por el Poder Legislativo procura subsanar esa deficiencia. La obligación de pactar las políticas públicas sobre educación, electricidad y fiscalidad es ineludible. Las autoridades, con cierto retraso, completaron un Pacto Educativo y ahora procedieron a la firma del Pacto Eléctrico. Queda pendiente el Pacto Fiscal.

El problema del momento es que lo pactado hasta ahora no parece responder a lo que se necesita. El espíritu de consenso fue ejercitado para reafirmar lo que existe y no para cambiarlo. El pacto refleja mucho más lo que es y no lo que debiera ser.

Las voces contradictorias son pocas y débiles, porque corresponden a sectores marginados por los poderes fácticos. Los que encomian lo acordado son los sectores favorecidos y el oficialismo. La sociedad calla, porque no conoce los pormenores del acuerdo.

El argumento más repetido por los sectores que favorecen el pacto es el hecho de que hayamos podido arribar a un acuerdo. No es poca cosa, pero no es suficiente. El país esperaba y seguirá esperando la formulación de acciones que puedan transformar un sistema costoso y poco eficiente.

Los disidentes esgrimen razones de peso para el descontento. Lo correcto sería responder a esas importantes interrogantes antes de cumplir con una formalidad que a la vuelta de unos pocos años se revelará como inútil.

Los industriales de Herrera sostienen que el pacto deja intactos los problemas de la generación, de la distribución y del marco institucional. Las pocas facilidades para permitir la competencia a través de nuevos actores no permitirán abaratar el servicio ni reducir las posiciones dominantes de unos cuantos generadores; la ausencia de acciones específicas, montos de inversión y cronogramas para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de las distribuidoras no garantiza la solución definitiva o la disminución de este problema; y la negativa de robustecer el marco institucional regulador que deja el sector en manos de los actores privados.

Las preguntas siguen siendo más que las respuestas y es responsabilidad de todos seguir exigiendo un esfuerzo verdaderamente transformador del sector eléctrico, porque todo parece indicar que esta vez también nos quedamos cortos