#laVerdadVerdad: El derecho a reparar y el Medio Ambiente

Pocos escapan a la odiosa experiencia de ver una tostadora, un hervidor o una lavadora descompuesta tras escaso uso. Ello, a menudo, poco después que ha expirado la garantía. Con frecuencia la reparación es apenas algo más barata que la compra de un nuevo electrodoméstico. Además, es frecuente no encontrar repuestos para los modelos averiados.

Los fabricantes recurren al eufemismo de la “obsolescencia programada” para aludir a la corta vida de sus productos. Pero, ya que la duración es calculada de antemano, el plazo debería estipularse en una etiqueta que advierta al comprador. Una encuesta realizada en la Unión Europea (UE) indicó que más del 90% de los consumidores era partidario de una nota que diga, por ejemplo, programado para 12 años de uso o, como suele ser el caso, para 18 meses.

Esta semana la UE viene de aprobar nuevas normas que obligan a las empresas, a partir del 2021, a comercializar productos más duraderos. Además, tendrán que asegurar repuestos para lavadoras y refrigeradores durante diez años después de la venta. Junto con ello, deberán mejorar la eficiencia energética y el consumo de agua para las lavadoras y los lavavajillas. Los nuevos estándares permitirán ahorrar más de 700 millones de metros cúbicos de agua al año al viejo continente. En total, cada europeo podría ahorrar unos 120 mil pesos anuales para el año 2030 y evitar la emisión de 46 millones de toneladas de CO2 al cabo de la década.

El descarte de aparatos electrónicos por “obsolescencia”, que consumieron  una enorme cantidad de energía para su producción, generó a nivel mundial unas 45 millones de toneladas de desechos en 2016, se estima que para  2021 alcanzarán a las 52 millones de toneladas. En términos gráficos, ello equivale a 4.500 torres Eiffel erigidas con materiales descartados.
La demanda ciudadana por el “derecho a reparar” viene de Estados Unidos, donde los automovilistas lograron una ley, en 2013, que obligó a las empresas automotrices a publicar manuales y disponer de repuestos para que los propietarios reparasen sus máquinas. En la actualidad, unos 20 estados preparan normas para garantizar que los usuarios puedan arreglar sus aparatos electrodomésticos.

El movimiento por el “derecho a reparar” se enmarca en la corriente anti consumista que lucha contra el derroche en todos los ámbitos. Con la crisis climática en mente es imperativo limitar, donde se pueda, las emisiones de gases de efecto invernadero. Las nuevas normas de la UE muestran que las campañas sociales pueden lograr importantes avances en las regulaciones de los gobiernos. El cambio de actitud desde el desechar al remendar vale tanto para los ciudadanos y las autoridades como para las empresas. Un modelo digno de seguir.

RAÚL SOHR
ANALISTA INTERNACIONAL
METRO INTERNACIONAL