Cárcel: El riesgo de protestar en Venezuela

En la continuación del reportaje especial, Metro explora la situación de los opositores presos.

Cárcel: El riesgo de protestar en Venezuela

Caracas.- Son estudiantes, trabajadores, artesanos, dirigentes y activistas  sociales o políticos. Son alcaldes, periodistas, retirados, amas de casa o menores de edad. Son o han sido detenidos por motivos políticos y viven en Venezuela.

Desde las protestas estudiantiles en demanda de seguridad en enero de 2014, Venezuela no ha estado en paz absoluta.

En los primeros meses de la gestión del presidente Nicolás Maduro hubo focos de violencia en Caracas, Barquisimeto, Valencia, Mérida, Maracay y San Cristóbal. Las guarimbas, como se conoce en este país a las protestas callejeras, fueron combatidas con todo vigor por el Gobierno, dejando un saldo de 3,718 personas detenidas, según lo contabilizaron grupos locales de defensa de los derechos humanos. Para fines de 2014 se reportaron 43 muertos y más de 800 heridos.

Buena parte de los detenidos, en su mayoría estudiantes, están en libertad, aunque algunos tienen que presentarse periódicamente a los tribunales y podrían volver a prisión si retoman las calles. Hasta abril, permanecían tras las rejas 41 personas. Algunos están siendo enjuiciados. Otros esperan el llamado de los jueces penales.

El presidente Maduro ha dicho que la intención de los manifestantes era derrocarlo y que no permitirá más violencia en el país. El mandatario de esta nación sudamericana asegura que no hay presos políticos, sino políticos presos y que “los desestabilizadores deben asumir las consecuencias de sus actos”.

Dirigentes de la oposición –de tendencia radical– dicen que las protestas son la expresión del descontento de ciudadanos que exigen al Gobierno un cambio de rumbo. Alegan que en la Constitución de 1999 hay mecanismos para conjurar esta crisis política: referendo revocatorio, renuncia, recorte del mandato presidencial. Este grupo lo lideran la exdiputada María Corina Machado, el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, y el dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Ledezma y López están presos. Machado tiene prohibición de salida del país. Los tres enfrentan procesos penales por presuntos actos de desestabilización, instigación pública y asociación para delinquir.

Otros antagonistas del Gobierno, como el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, han advertido que las guarimbas no son la solución a la crisis. Apuestan por las elecciones de diputados de este año.

Los más conocidos

Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma son los opositores en prisión de mayor visibilidad mediática. El primero está preso en la cárcel militar de Ramo Verde. Ceballos también estaba en Ramo Verde, pero en la madrugada del 23 de mayo lo trasladaron a la Penitenciaría General de Venezuela en el estado central de Guárico, una cárcel de presos comunes, de altísima peligrosidad. Así lo denunció su esposa Patricia de Ceballos. Al exalcalde le raparon la cabeza, le quitaron sus pertenencias, lo golpearon y lo mantienen aislado.

Ledezma se recupera de una operación en su casa, pero pronto volvería a la cárcel. Enfrentan cargos por conspiración, asociación para delinquir, destrucción de edificios públicos e instigación pública. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dice que ella y su familia lucharán por la libertad del también exalcalde de Chacao (Caracas). “Leopoldo nunca aceptará lo que le ha pedido el Gobierno no menos de tres veces: una negociación que lo llevaría fuera del país. No lo va a hacer y aún cuando mi esposo sea un preso político y está asumiendo un enorme sacrificio personal, él sabe que le asiste la razón y que saldrá de la cárcel”, dijo Tintori a Metro. Ella emprendió una campaña internacional en pro de la

liberación de su esposo.

Tintori denunció que la semana pasada, antes de la visita a su pareja, le ordenaron desnudarse para hacer una requisa. Lo hizo y solo así pudo ver a López.
A la esposa de Ceballos le exigieron lo mismo hace una semana, pero se negó. Aún así, pudo verlo.
Para Patricia Gutiérrez de Ceballos, su esposo Daniel “le es incómodo a la dictadura de Maduro porque es un líder honesto de un estado con tantos problemas como el Táchira”. Desde la ciudad de San Cristóbal, Gutiérrez denunció que Ceballos ha sido sometido a toda clase de vejaciones. “De los 14 meses que tiene detenido, ha visto poco a sus tres hijos porque casi siempre lo castigan con aislamiento y requisas violentas. El pueblo me eligió alcaldesa para continuar su mandato, en vista de que fue destituido ilegalmente por el Tribunal Supremo de Justicia por sus presuntas vinculaciones con un plan para derrocar a Maduro. Nada más falso”, sostuvo en una entrevista telefónica.

Patriotas cooperantes

Otros presos por la protesta están menos expuestos a los medios de comunicación. La mayoría son estudiantes que ingresaron a la cárcel entre febrero y octubre de 2014.

“Las aprehensiones masivas de ciudadanos constituyen una oleada represiva sin precedentes en el país”, dijo a Metro José Vicente Haro, experto constitucionalista, quien lleva varios casos de estudiantes.
De los 41 presos políticos, Haro dice que “están en un limbo legal e inconstitucional”. Añadió que la labor de abogados y la presión en las calles “han surtido efecto porque la mayoría de los detenidos salieron de los calabozos aún cuando enfrentan procedimientos judiciales. Unos 2,500 ciudadanos tienen averiguación penal abierta, lo cual también es injusto”.

“Muchos jóvenes quienes aún están presos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia no tenían nada que ver con disturbios. Otros ni siquiera protestaban, solo estuvieron el sitio equivocado cuando llegó la policía a algún lugar”, detalló el abogado.

Varios fueron acusados por los hoy famosos patriotas cooperantes, delatores anónimos. “Esa figura no está contemplada en ninguna ley de la República y sienta un precedente muy negativo. Cualquiera puede ir preso si hay una delación ficticia”, recalcó Haro.

Pierina Camposeo, colega de Haro y también defensora de presos políticos, estuvo presa por información ofrecida por un patriota cooperante. “Un día fui abordada por dos personas, mientras manejaba mi vehículo y me llevaron detenida sin orden judicial. ¿Mi delito? Oponerme a una norma ilegal. Fui denunciada por un patriota cooperante. Estuve tres días presa y esposada”, relató Camposeo.
Días después de su encuentro con Metro, Haro y Camposeo denunciaron que sujetos encapuchados los abordaron e instaron a abandonar los casos de los presos políticos. “Nos amenazaron de muerte. Pierina y yo estábamos en sitios diferentes de la cuidad y fuimos atacados a la misma hora. Tendrán que matarme para que deje de defender los derechos humanos”, explicó Haro.

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