Instan a procurador a constituirse en actor civil y reclamar dinero Odebrecht

Por EFE

El presidente de País Posible, Milton Morrison, emplazó hoy al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para que se constituya en parte civil para reclamar los sobornos por valor de 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht admitió haber pagado en el país.

Tras depositar una carta en la Procuraduría General de la República, Morrison advirtió de que, si el procurador no acata el llamado en un tiempo prudente, País Posible se constituirá en actor civil "para cubrir la negligencia de este servidor público", señala una nota de prensa de la formación.

Además, denunció que "hasta el momento, no ha habido incautación de un centavo" a quienes aceptaron los sobornos, y manifestó preocupación por lo que consideró un "sometimiento débil que puede perecer en manos de una justicia subyugada y parcializada pues muchos de sus miembros han militado en partidos políticos."

Morrison lamentó que se excluyeran del caso las auditorías que debió suministrar la Cámara de Cuentas como principal prueba del soborno, ya que "sin este elemento no hay manera de probar que hubo sobrevaluación", y criticó que "los escasos elementos de prueba que se han agregado solo han servido para excluir a varios de los imputados originales".

Morrison anunció que, en los próximos días, invitarán a todas las fuerzas activas de la nación a participar en un foro nacional "para tratar el tema de la corrupción y la impunidad en un ambiente despolitizado."

Odebrecht confesó que repartió los 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para obtener la adjudicación de infraestructuras públicas en República Dominicana.

La multinacional llegó a un acuerdo con la Procuraduría mediante el cual pagará 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo dado en sobornos.

El grupo de imputados lo conforman el senador oficialista Tommy Galán; los expresidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Martínez Vásquez; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el exsenador Roberto Rodríguez; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, a quien se acusa de distribuir los sobornos.

El Ministerio Público los acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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