Organizaciones cristianas piden revocar ordenanza sobre política de género

Por EFE

El Grupo de Acción Cristiana y la Unión Dominicana de Instituciones Educativas y Privadas (Udiep), que agrupa a una gran cantidad de centros educativos, dio hoy un plazo de 24 horas al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, para que deje sin efecto la orden sobre política de género en las escuelas.

Para estas organizaciones, la Orden Departamental 33-2019, que establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación (Minerd), es ilegal porque no contó con la aprobación del Consejo Nacional de Educación.

En ese sentido, pidieron al Minerd convocar al Consejo Nacional de Educación, a las asociaciones de padres y a los colegios para discutir el tema “y se pueda llegar a un acuerdo sobre lo que es mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes”, dijeron las organizaciones en rueda de prensa.

De lo contrario, advirtieron, acudirán al Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Entre los objetivos de la iniciativa, aprobada el 22 de mayo, está “propiciar herramientas pedagógicas que promueven la perspectivas de género para la construcción de una educación no sexista entre los diferentes actores del sistema educativo nacional”.

Asimismo, trazar las pautas para contribuir “con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estrados, y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores”.

Sin embargo, sectores como la Iglesia católica consideran “nociva” que la política de género sea incluido en el diseño curricular. “La política de género enmascara la ideología de género que desarraiga la naturaleza humana, ignora la biología, desconociendo conceptos científicos irrefutables. Por tanto, esta Orden Departamental carece de sustentos que permitan su aplicación”, señaló la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en un comunicado emitido ayer.

El artículo 63 de la Constitución dominicana, en su acápite 2 consagra: “La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores”; lo que indica, que cualquier decisión relacionada con la educación de los hijos menores no debe darse sin la aprobación de las familias, afirmó el CED.

También señala, que la prioridad de la educación dominicana en este momento es elevar la calidad de los aprendizajes, formar la conciencia crítica, reflexiva y ética, “por lo que debemos centrarnos en la formación integral de los estudiantes, en vista a reducir los niveles de violencia y el bajo índice académico que afecta a los alumnos”.

En tanto, organizaciones sociales como Profamilia y el Foro Feminista señalan que la disposición constituye “un fundamento para la estructuración de planes y programas concretos en los diferentes niveles y modalidades educativas que tiendan a promover cambios culturales para superar las brechas de género que se evidencian en la falta de oportunidades para las mujeres”.

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