Perú en su laberinto

Por Luis Carlos Arias Schreiber Metro World News

Resulta difícil explicarle a un extranjero lo que sucede en la política peruana. Desde que a fines del 2016 se destapara el caso Lava Jato -los millonarios sobornos pagados por constructoras brasileñas, sobre todo Odebrecht, para financiar campañas electorales y ganar licitaciones en el Perú-, vivimos en una tormenta de revelaciones, denuncias, investigaciones, fugas y encarcelamientos que tiene empapada hasta los huesos a nuestra clase política.

Para colmo, en junio del 2019 reventó otro escándalo mayúsculo -Los Cuellos Blancos del Puerto- que revelaba una inmensa corrupción en las más altas instancias judiciales y sus relaciones con las autoridades políticas. Lo que en cualquier otro país sería la noticia del año, aquí la tomamos en el desayuno y ya tenemos otra para el mediodía. Nunca los periodistas hemos hecho tantas horas extra.

Solo para remitirnos a los presidentes de la República, Alan García se suicidó en abril cuando era inminente su detención por pagos de Odebrecht. Alejandro Toledo está detenido con trajecito naranja en Estados Unidos, en proceso de extradición. Ollanta Humala ya estuvo nueve meses en prisión preventiva hasta abril del 2018, cuando salió a su casa por una apelación judicial. Ahora sigue sus investigaciones en libertad restringida. Y Pedro Pablo Kuczynski, que se vio obligado a renunciar en marzo del 2018 por sus vínculos con Odebrecht, ahora está en arresto domiciliario por su estado de salud (hoy cumple 81 años). Para completar el equipo, Alberto Fujimori cumple prisión de 25 años por un rosario de delitos cometidos en su gobierno (1990-2000).

Por la renuncia de Kuczynski, en marzo del 2018 asumió la presidencia de la República su vicepresidente, Martín Vizcarra, un casi desconocido ex gobernador de la pequeña región de Moquegua, que en su momento también hizo contratos por investigarse con Odebrecht. Desde el inicio tuvo en contra a la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, partido fujimorista que tiene como principal objetivo las liberaciones del padre Alberto y la hija Keiko, también en prisión preventiva desde octubre del año pasado por (adivinen) aportes de Odebrecht a su campaña electoral y lavado de activos. Esa tensión Ejecutivo-Legislativo -con un trasfondo de lucha judicial en la que el que pierde se va a la cárcel- convirtió la agenda política en un ring de vale todo.

En julio pasado, harto de este entrampamiento, Vizcarra planteó una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020, bajo el grito de “nos vamos todos”, pues no podrían reelegirse ni el propio presidente ni los 130 congresistas. El anuncio fue recibido con entusiasmo por la población y enfado en el Congreso, que tenía que darle luz verde a la propuesta.

El jueves 26 de septiembre, la mayoría parlamentaria rechazó oficialmente el adelanto de elecciones. Ese día, el primer ministro de Vizcarra -el actor Salvador del Solar (googleen “Pantaleón y las Visitadoras”)- planteó una cuestión de confianza. Si era rechazada, el presidente quedaba facultado constitucionalmente para disolver el Legislativo y convocar a elecciones -sólo parlamentarias- en cuatro meses. Eso sucedió el lunes 30 de setiembre, con el respaldo popular (más del 90% desaprueba al actual Congreso).

Dos días después, ¿qué tenemos? La mayoría del Congreso disuelto sigue en rebeldía, sin aceptar la medida del Ejecutivo. Incluso suspendió al presidente por incapacidad temporal e hizo jurar a Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta de la República, para reemplazar en el cargo a Vizcarra. Aráoz renunció a las 24 horas, pues era inviable cualquier intentona de gobierno a su cargo. Vizcarra tiene el apoyo popular y el de las Fuerzas Armadas y la Policía. Y a esta hora parece que el presidente se sigue fortaleciendo. Pero al escribir esto estamos en la hora del lonche. Para la cena, no se sabe qué podrá pasar. Estamos en el Perú.

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