Magistrada justifica permisos dados a reos

Por EFE

La jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, Katherine Rubio Matos, aseguró que actuó apegada a la ley al otorgar permisos a unos 50 reos para que pasen el fin de año en sus casas, mientras que el Poder Judicial anunció que investiga el caso.

“En este tribunal se ha actuado apegado a las normas que nos rigen, la ley y la Constitución”, dijo la magistrada en declaraciones a periodistas.

Rubio Matos es cuestionada por el hecho de haber otorgado permisos a reclusos para que pasaran el fin de año en sus hogares, entre los que figuran algunos relacionados con casos de narcotráfico como el de Paya y del puertorriqueño José David Figueroa Agosto.

La jueza indicó que está haciendo un reporte para enviarlo al Consejo del Poder Judicial, donde justifica la resolución  otorgándoles los permisos a los internos que ya fueron retornados  a las cárceles.

Reiteró también que existe la independencia judicial “por lo que sinceramente yo actué a pegada a la norma que me rige la ley”.

A través de un comunicado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, informó que la Inspectoría General investigará el caso denunciado el fin de semana por la Procuraduría General.
“Un equipo de inspectores del Poder Judicial se trasladó al Palacio de Justicia de San Cristóbal con el propósito de realizar una investigación sobre el particular”, según el comunicado.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó el domingo de que logró revocar la decisión irregular de la jueza y que los reos regresaron a prisión.

En ese orden, aseguró que fueron retornados 20 internos al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres; 14 al Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro, y 8 internas que guardaban prisión en Najayo Mujeres, para un total de 42 internos, éstos en adición a los que no se les permitió la salida al momento de identificar las citadas irregularidades.

La procuraduría reiteró que gracias a una acción rápida por parte del Ministerio Público, se solicitó la suspensión inmediata de la decisión de la jueza, ante la peligrosidad y vulnerabilidad de cada uno de los beneficiados, tomando en cuenta los procesos por los cuales fueron condenados, como son los casos Paya, Figueroa Agosto y Florián Feliz, entre otros.

La dirección de comunicación de la PGR explicó que la revocación de la medida de la jueza se fundamenta en las disposiciones del Artículo 292 del Código Procesal Penal.

Por su lado, la jueza presidenta de la Corte de Apelación del Departamento judicial de San Cristóbal, María Garabito Ramírez, envió una carta a Justiniano Montero, director de Carrera Judicial, en la que acusa a la Procuraduría General de la República de intentar chantajear a los jueces de esa corte.

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