¿Cuántos Eddy Santana existen?

¿Cuántos Eddy Santana existen?
Por Metro RD

El asesinato de Yuniol Ramírez a manos de personeros de la OMSA ha desnudado otra realidad que golpea directamente al sistema democrático nacional. Me refiero a los datos revelados por la prensa nacional sobre los negocios del señor Eddy Santana Zorrilla con el Estado. El señor Santana, detenido por sus vínculos con el caso de Yuniol Ramírez, ha sido acusado por corrupción, luego de haber hecho negocios con el Estado por más de Seiscientos millones de pesos.

Por supuesto, que no tendría nada de malo hacer negocios con el Estado Dominicano, como lo hacen empresarios dominicanos que tienen toda una vida de trabajo y que pagan sus impuestos. Pero, en el caso del señor Santana, desde noviembre de 2012 a septiembre de 2017, solo con la OMSA, hizo negocios por casi Quinientos millones de pesos, através de compañías que no tenían domicilio social conocido ni personal, y lo que es peor, declarando pérdidas ante la DGII. Por razones de espacio, no citaré sus otros negocios con Salud Pública, Medio Ambiente y con algunos ayuntamientos en períodos pasados.

La única explicación que le puedo buscar a estos negocios está en la corrupción. Es decir, son esquemas que se crean para que una parte de los beneficios obtenidos vayan a los bolsillos de funcionarios y agentes del gobierno que son los que facilitan este tipo de empresas. Con esos recursos, se alimenta parte del aparato político para determinados propósitos, como serían candidaturas a Alcaldes, Senadores y Diputados, e incluso, hasta campañas presidenciales. Así fue que se inició todo con el esquema de la Sun Land, y luego con la empresa Odebrecht.

Con Sun Land y Odebrecht fuera del escenario electoral, al menos para financiamiento de campañas, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cuántos Eddy Santana existen amansando fortunas en el gobierno? Porque de nada hacemos poniendo candados en una parte de la ley de partidos y en la ley electoral, si en otras instancias del gobierno, no se adoptan decisiones claves y necesarias para que se produzca el adecentamiento de la vida pública y privada. Es decir, en adición a la ley que sanciona el lavado de activos, es urgente la reforma a la ley de contrataciones públicas para que este tipo de arquitectura legal que permite a una persona tener diferentes estructuras corporativas con presta nombres pueda participar en concursos y en licitaciones del Estado.

Además, es necesario conectar la declaración jurada de bienes de funcionarios y ex funcionarios con la declaración de impuestos sobre la renta. Con esto se daría un paso extraordinario para evitar que funcionarios puedan ostentar y disfrutar bienes que no están amparados en su declaración de impuestos, o que no estén debidamente justificados.

Por: Orlando Jorge Mera
Abogado, presidente en funciones del PRM