La luna electoral

El debate electoral relacionado con la participación del Dr. Leonel Fernández como candidato a la presidencia en el 2020 ha escalado hasta la luna, a una dimensión ininteligible para muchas personas, incluyendo juristas.

Una parte sostiene que el artículo 49.4 de la ley 33-18 es claro al distinguir como dos entidades independientes a los candidatos, de los precandidatos. En consecuencia, la prohibición para “aspirar y ostentar” una candidatura o precandidatura está reservada para el que ha sido seleccionado candidato. Este significado atribuido al artículo 49.4 es lo que se conoce como interpretación literal, prima facie, no contextual, sine glossa. En términos llanos no analiza el contexto, o situación histórica o política, no corrige al legislador, y parte del contenido del enunciado normativo.

La otra corriente sostiene que este artículo tiene que ser interpretado dentro del contexto de la norma. En consecuencia, apelan a la llamada interpretación sistemática; más específicamente a una herramienta conocida como sede material, que no es otra cosa que el lugar que ocupa el artículo 49.4 en la ley 33-18. Para robustecer esa postura se argumenta que el contexto obliga a establecer la razón por la cual está la prohibición del artículo 49.4, que sería la prohibición del transfuguismo. Asimismo, agregan a su arsenal argumentativo el contenido del artículo 134 de la ley que regula el régimen electoral, número 15-19.

Esta postura, más elaborada que la anterior, corrige de algún modo al legislador alegando que al estar el artículo 49.4 dentro del capítulo V de la ley donde se define la precampaña, solo existen precandidatos. En consecuencia, todo precandidato sería un candidato a candidato. La secuela de este criterio sería que cuando el 49.4 utiliza la expresión “no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral”, se estaría refiriendo en realidad al precandidato, que es un candidato a candidato. Los que se encuentren perdidos en la bruma no desesperen que no están solos.

Entonces, cómo descubrimos quien lleva razón en el debate, los que se inclinan por la interpretación concreta del texto, o los que postulan una posición abstracta, aparentemente no expresada en la ley. En otras palabras: ¿la interpretación literal o la sistemática? Para los no juristas debemos aclarar lo que significa interpretar un texto legal, y lo que involucra argumentar a favor de una postura en particular. Pero, antes habría que aclarar si existe o no una forma correcta de interpretar la ley.

Se atribuye al genial Yogi Berra aquello de que el futuro no es lo que era antes. En efecto, hace no tanto tiempo solo se estudiaban dos métodos de interpretación, en primer orden la escuela exegética que defendía el uso de la lógica y alguno de sus métodos para interpretar la ley. En tal sentido acudìa a la extensión o analogía, al argumento a contrario, etc. En segundo término, se encontraba la escuela de investigación científica que incluìa la historia y el derecho comparado.

En la actualidad no importa cuanto uno se empeñe es difícil establecer de manera exhaustiva los métodos de interpretación al alcance de los intérpretes, sean estos jueces o abogados. Sin embargo, podríamos decir que tanto la interpretación sistemática como la gramatical o literal están entre prácticamente todas las clasificaciones (o adjetivos según algunos) que conozco. La cuestión se reduce, a mi juicio, en saber cuando es necesario estirar el enunciado de una ley más allá de sus límites, o sea cuando considerar el contexto. Así como un piloto de avión vuela con piloto automático y sin él, un buen intérprete debe ser capaz de trabajar con el método literal y con el sistemático.

Dicho esto, en la presente disputa suscribo la postura que entiende que el texto del artículo 49.4 está en consonancia con el contenido del capítulo V de la ley y sus secciones. Es que interpretar es atribuir un posible significado a un enunciado normativo; en este caso el artículo 49.4. En consecuencia, por el solo hecho de establecer un contexto para ese artículo dentro del capítulo de la precampaña no se sigue de manera concluyente que no existan en la ley dos categorías diferenciadas de manera consistente: las de candidato y precandidato.

De manera más elaborada, para los no juristas, el método de interpretación sistemático descansa en dos grandes columnas, la primera el ideal de sistema congruente coherente y con valores claros. La segunda sobre la idea de consistencia en todo el conjunto normativo. Esto es lo que se denomina el derecho como sistema, es decir un conjunto, un orden, una totalidad, y no la singularidad de un texto aislado. Llamaremos herramientas a todo aquello que permite justificar la interpretación sistemática, tales como la de la topográfica o sedes materiae (que es la utilizada en este caso), las disposiciones combinadas, la interpretación conforme, y a rúbrica.

Valiéndonos de estas mismas herramientas nos parece que lo que sería incoherente o incongruente, y por lo tanto asistemático es descontar el argumento a rúbrica que toma en cuenta los títulos de las secciones II y III del mismo capítulo V que establecen con precisión las modalidades para escoger candidatos y para la presentación de los precandidatos. Si nos vamos a la consistencia terminológica es innegable el uso sistemático de los términos precandidatos y candidatos. Esto significa que esta especie de retruécano de que precandidato es el candidato a candidato es débil para justificar una interpretación tan importante como la que está en debate.

Como colofón en el rubro de interpretación conforme, sabemos que la sentencia número 56-2019 del Tribunal Superior Electoral estableció las diferencias entre los términos precandidato y candidato. Esta interpretación se produce en un proceso donde una parte, que hoy está en contra de la postulación de los precandidatos perdedores, sostenía precisamente que ambos términos son totalmente independientes.

El último aspecto que tratar es el de los argumentos de respaldo, el primero relacionado con el artículo 134 de la 15-19, ley Orgánica de Régimen Electoral, y el segundo con una justificación de corte funcional (si piensan que es otro método de interpretación adivinaron), esto es la llamada voluntad del legislador.

En cuanto al primer aspecto, el de la ley Orgánica de Régimen Electoral, no encuentro ningún argumento que justifique que el nominado es un tránsfuga porque sería una especie de involucrado para postular por una representación partidaria. Esto debido al contenido claro y preciso del artículo 135 que define lo que significa nominación de candidatos. El que sería tránsfuga es el recibió el voto de la mayoría, no el que perdió.

El otro tema, el de la voluntad del legislador, es decir, evitar el transfuguismo, al parecer no se encuentra en los llamados trabajos preparatorios. Tampoco lo encontramos en el preámbulo ni el en objeto de la ley 33-18.  Si los legisladores manifestaron opiniones en ese sentido se mantuvieron en ese nivel y no escalaron al nivel de verdadera intención. Es más, la llamada voluntad del legislador choca diametralmente con la voluntad de la ley, es decir su propósito o ratio legis, puesto que dicho propósito aparece por toda la geografía de los considerandos, y los principios, y no es otro que regular la democracia partidaria, “afianzar la libertad de asociación”, la justicia, la solidaridad, la no discriminación, etc.

El tema bien merece un vuelo sin escala al Tribunal Constitucional. Aunque estoy a favor de un bando, no niego que el tema es controversial, eso sí, no tanto como para apuntar a la luna, a la luna electoral.